MOTIVOS PARA LA INDIGNACION 3

Perimaggot escribió:

Chinaski escribió:

Pese a la amargura y crispación de la mayor parte de la charla, al final vemos un poco de esperanza en el mensaje de Pérez Reverte.

Y esta esperanza pasa por cómo educamos a nuestros hijos.

veo las cosas exáctamente del mismo modo que él (en lo referente a esta entrevista, al menos)

Phishead escribió:

Perimaggot escribió:

Txomin escribió:El presidente de la Comisión de Defensa (PP) se dirige en estos términos al diputado Diego López Garrido para impedir que replique al parlamentario popular que acababa de intervenir.

 

acojonante... ya ni guardan las formas

Es la versión "democrática" del "si los tuyos hubiesen ganado la guerra, ahora no te pudrirías en esta cuneta".

ĆeMaRiĆ escribió:

Txomin escribió:

Esto es un fake por mis santos cojones.

Por fabor chicas no os paseis con el glos puede incitar a la lascibia comunista ay que ser recatada

— Marta Cañizares (@OvejaMartita) October 30, 2013

Napoleon Wilson escribió:como diría Trumbo: yo no puedo más

Circular de un colegio concertado a los padres: Tranquilos, que no mezclaremos a sus hijos con los de la pública

http://www.meneame.net/story/circular-colegio-concertado-padres-tranquilos-no-mezclaremos

en serio, que no puedo más

El desguace de los ayuntamientos
Una crítica a la ley de sostenibilidad de la Administración local
30.10.2013 | 03:07

Roberto Sánchez Ramos Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento

El mismo día que Emilio Botín en Nueva York diagnosticaba que "la economía española está en un momento fantástico" y que "llega dinero de todas partes", en Madrid el Gobierno de la derecha española imponía un nuevo recorte de 17.500 millones de euros a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Este nuevo "austericidio" para los años 2014 y 2015 viene con un nuevo proyecto legislativo para los ayuntamientos españoles bajo el título "Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local", y cuya finalidad es desguazar los ayuntamientos españoles.

Tras las declaraciones del Gobierno aludiendo a la necesidad de reformar los ayuntamientos para ahorrar recursos se esconde una única realidad que la mayoría de la gente tiene que conocer para que sepa cuál es la gravedad de la amenaza a sus derechos y a su vida diaria. Ésta es: sólo el ánimo de lucro de la élite económica anima esta reforma. No hay más explicación para una transformación administrativa que ahorra poco, recorta derechos sociales de primera necesidad y genera paro. Se calcula que la pérdida de empleo puede alcanzar los 70.000 puestos de trabajo.

La crisis económica que nos azota, y que sólo tiene parangón con la del 29, ha sido generada, como siempre, por la avaricia de los más ricos por enriquecerse aun más. Ahora quieren aprovechar el miedo y la desesperación por ellos generada en la sociedad y en los trabajadores para conseguir un objetivo que la oligarquía financiera y económica ha tenido siempre en cartera: la liquidación del Estado social y democrático haciendo negocio con derechos conquistados por el movimiento obrero.

El poder público democrático, en sus tres dimensiones, la estatal, la autonómica y la local, es el único instrumento que la civilización ha creado para proteger a la sociedad de los efectos negativos del mercado. La historia demuestra esta afirmación de forma indiscutible. El Estado social y democrático es el único medio que garantiza la redistribución de la riqueza, la inversión pública, una sociedad donde las diferencias de clase no condenen a la pobreza, a la enfermedad y a la esclavitud a la inmensa mayoría social. Sin poder público social y democrático sólo existen la jungla y la opresión del ser humano por el ser humano. Por eso la demolición del Estado es un objetivo de los oligarcas, de los que consiguen miles de millones de beneficios económicos mientras el paro y la exclusión social crecen en nuestras sociedades, mientras se cuestionan el salario social, la sanidad pública, las prestaciones por desempleo o se plantea la privatización de las pensiones porque pueden ser muy lucrativas para los bancos. Primero fue la reforma exprés de la Constitución para que los bancos tengan derecho constitucional a cobrar deuda antes que los ciudadanos derecho a sanidad, vivienda, empleo -la Constitución habla de "prioridad absoluta" de la deuda-; ahora vienen a por los ayuntamientos. Empezaron por la cúspide y siguen por la base, para demoler toda la democracia.

No hay que darles más vueltas a las motivaciones reales de este miserable proyecto de ley. Trata de dinamitar la administración local porque así se debilita aquella dimensión del Estado que es más cercana al ciudadano y que por serlo puede actuar más rápido y mejor. Reforzar los ayuntamientos supondría mejorar la calidad democrática, la capacidad para identificar mejor las necesidades sociales y, así, actuar más rápida y eficazmente. Pero lo que se pretende es simplemente sacar rendimiento económico de los servicios sociales que actualmente prestan las entidades locales, por eso el proyecto de ley habla literalmente de fomentar la iniciativa privada, es decir, que los ciudadanos paguen por los servicios sociales, educativos y sanitarios municipales. Se pretenden eliminar las competencias locales en educación pública porque es el principal medio para luchar contra una sociedad de clases. Sin educación pública la mayoría social se convierte en fuerza de trabajo totalmente vulnerable a la explotación económica. Se traspasan competencias sociales y educativas a las comunidades autónomas sin un estudio previo del impacto económico que causará en ellas. Las comunidades se verán desbordadas y tendrán que asumir despidos, renunciar a servicios públicos o privatizarlos.

A todo esto puede añadirse, como colofón, que todo el proyecto de ley está argumentado con un discurso político que es sustrato de la España del "Nodo". Discurso que cuestiona el número de ayuntamientos y su excesivo coste. También a los responsables públicos locales o sus retribuciones. Nada de eso es cierto. El endeudamiento público de las entidades locales es de un 4 por ciento del PIB, mientras que el déficit será del 0 por ciento en el período 2013-2015. El endeudamiento de las comunidades autónomas es del 17,6 por ciento y el endeudamiento de la Administración central es del 72,3 por ciento.

Un simple vistazo al desarrollo económico y político de los siglos diecinueve y veinte ofrece respuestas a todos los argumentos del PP en los que apoyan la demolición de la administración local. América Latina, durante los años ochenta y noventa, padeció la misma filosofía política que sustenta este proyecto de ley redactado por bancos y grandes empresas; la consecuencia fue miseria, hambre, paro y conflicto social. Hemos de generar una mayoría social, política y cívica que pueda frenar la estrategia de las élites económicas para que la historia marche hacia atrás, para que las conquistas de nuestros derechos sociales y fundamentales no sea un episodio breve. No es exagerado decir que tumbar este proyecto de ley sería un gran paso para la defensa de la democracia. Tras la eliminación de los derechos sociales vendrán, inexorablemente, el ataque a los derechos fundamentales, la limitación de la capacidad para votar y de la libertad de expresión.

¡Que nos roban el pueblo!
Eduardo Rojo / Pablo Fraile / andalucesdiario.es 19 oct 2013

“Si un alcalde no tiene los mecanismos para solucionar los problemas de sus vecinos, el ayuntamiento deja de tener sentido”. La frase es de Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada, 2.500 habitantes), uno de los municipios que en la práctica perderá competencias para prestar servicios básicos cuando entre en vigor la reforma local. El proyecto de ley, que este jueves aprobó el Congreso con el rechazo de casi todos los grupos de la oposición, ha puesto en pie de guerra a los alcaldes. Dicen que la reforma atenta contra la autonomía local, que desmantela servicios, que aleja la gestión del ciudadano, que supondrá la privatización de servicios y que creará más paro.

La llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que tiene por eslogan ‘Una administración, una competencia’, plantea que las comunidades autónomas asuman lo que el Gobierno central considera “competencias impropias” de los ayuntamientos: servicios sociales, empleo, salud, educación… Con el argumento de suprimir duplicidades y de racionalizar costes, la norma recorta competencias en los municipios de menos de 20.000 habitantes a favor de los gobiernos autónomos y las diputaciones, que salen fortalecidas con la reforma al asumir la coordinación de servicios básicos frente a la pérdida de poder de los ayuntamientos.

El 80% de los 771 municipios andaluces tiene menos de 20.000 habitantes. La reforma les obliga a suprimir servicios que hoy prestan desde la cercanía al ciudadano. Organizaciones políticas (PSOE e IU) y sindicales estiman que la reforma supondrá la destrucción de 40.000 empleos en Andalucía por la pérdida de competencias y privatizaciones de servicios. Las consecuencias pueden ser más graves en provincias como Granada, donde solo siete de sus 168 municipios tienen más de 20.000 habitantes. Pero también a estos municipios les afecta la reforma. Así la ven algunos los alcaldes.

Noel López, alcalde de Maracena (Granada)

“La reforma local atenta contra la administración más cercana al ciudadano, nos roba la gestión directa de nuestros servicios, degrada la autonomía local al deslegitimar la representación democrática, retrotrae a los ayuntamientos a la etapa preconstitucional y supone una pérdida de la calidad del servicio porque lo que pretende la ley es privatizar y hacer negocio con los servicios de los ciudadanos”, señala Noel López, alcalde socialista de Maracena (Granada). Su municipio, con 22.000 habitantes, perderá las competencias en fomento del empleo, educación, igualdad, salud, protección del medio ambiente, prestación de servicios sociales, juventud, cultura, movilidad… “Quedarán limitadas al cuidado de jardines, cementerio, mejora de calles”, explica.
Los programas educativos que tiene en marcha en su municipio, el Centro Municipal de Información a la Mujer, la Escuela Municipal de Música, la Escuela Infantil Municipal, las mejoras de los centros educativos, su mantenimiento y limpieza, los programas de salud y de Juventud, el bus urbano y los servicios sociales peligran con la aplicación de esta reforma, relata. Asegura que peligra la Oficina Municipal de Información al Consumidor y el Centro Guadalinfo y que el Ayuntamiento “no podrá ofrecer ayudas al transporte o programas educativos ni subvencionar a asociaciones de carácter social, cultural, saludable, juvenil, de mayores”. También podrían desaparecer los programas de impulso para el comercio local, las campañas o acciones medioambientales, la formación para desempleados y el fomento de la contratación, pero sobre todo, el área de Servicios Sociales y todas las prestaciones que realiza el municipio en materia de dependencia, tratamiento familiar, programas de mayores, drogodependencia, ayuda a domicilio y teleasistencia.

María Luisa Faneca, alcaldesa de Isla Cristina (Huelva)

“Nuestras competencias están en el aire”, protesta Mª Luisa Faneca, alcaldesa socialista de Isla Cristina (Huelva). Su Ayuntamiento hace frente a una población que roza los 22.000 habitantes y que, al ser un destino costero turístico, crece ampliamente durante los meses de verano. El consistorio teme que tras la aplicación de la reforma local su capacidad para asistir al ciudadanos cambie “de una manera drástica”. El municipio onubense cuenta con una cartera de servicios sociales que cuenta con programas específicos para el tratamiento de adicciones o enfermedades como Alzheimer, asistencia a familiares de enfermos de cáncer, una oficina de atención al inmigrante o educadores sociales. Cuando la reforma entre en vigor, se convertirán en competencias impropias. “Es un pueblo muy grande para no tener servicios sociales”, denuncia Faneca. “Podría perjudicar enormemente”.
No solo se trata de servicios sociales. La gestión administrativa también se complicará. Isla Cristina ofrece la realización de trámites en diferentes áreas que podría perder. “Una persona que tiene que tramitar una pensión se va a tener que ir a Huelva -a unos 50 kilómetros-”, asegura su alcaldesa.

Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia (Cádiz)

Como en la mayoría de casos, Medina Sidonia va mucho más allá del catálogo de servicios sociales que consagra la ley. Con casi 12.000 habitantes, cuenta con un almacén municipal de alimentos -que ofrece productos básicos y de higiene a familias sin ingresos- y una oficina municipal de afectados por la crisis donde un equipos de abogados y técnicos atienden a personas con dificultades económicas. “¿Cómo nos van a exigir que esos servicios sean rentables?”, se pregunta su alcalde, Fernando Macías (IU), que cuestiona una ley que pone límites a una situación “ilimitada”.
El regidor también ve el fantasma de la privatización tras la norma. Actualmente, la empresa pública de aguas reinvierte sus beneficios en la comunidad. Pero la situación podría ser muy distinta. Macías teme que si llega a manos privadas, podrían producirse despidos encubiertos de empleados públicos y la factura del agua empezaría a comportarse como la de la luz: “Una empresa haría con el precio lo que creyera conveniente”. Asimismo, critica el papel que atribuye la norma a la Diputación: “Se cargan la democracia directa”.
Macías defiende la gestión municipal como una respuesta más rápida y cercana al ciudadano: “Sales a la calle, hablas con la gente y sabes lo que ocurre”. Y protesta por lo que considera una reforma que da la espalda a los ayuntamientos: “Es un ataque brutal a su línea de flotación”

Vanessa Polo, alcaldesa de Las Gabias (Granada)

El municipio de Las Gabias (Granada), con 18.381 habitantes, atiende a 50 mujeres víctimas de malos tratos, cuyas parejas tienen orden de alejamiento. A partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la reforma, el Ayuntamiento no podrá prestar ese servicio. Su alcaldesa, Vanessa Polo (PSOE), considera que es necesaria una reforma que respete la autonomía local y resuelva la financiación de los ayuntamientos, pero no la que plantea el Gobierno del PP. “Los grandes perjudicados van a ser los ciudadanos que van a dejar de recibir servicios públicos que prestamos desde el Ayuntamiento”, señala la regidora.
El municipio ofrece cada día un servicio de catering para mayores, del que se benefician 30 familias. “Ese servicio va a desaparecer, como el de integración sociocultural para menores con problemas de integración escolar, las ayudas o becas al estudio, el programa de arreglo de viviendas para mayores, el servicio de ayuda a domicilio que el Ayuntamiento presta a las familias que más lo necesitan para casos urgentes o los programas culturales”, dice.
Para la alcaldesa, la reforma “sólo persigue la privatización de los servicios públicos. Explica que su Ayuntamiento gestiona de manera directa el servicio de recogida de basura, que realizan diez empleados municipales. “Con la nueva ley, el servicio va a ser gestionado por la Diputación, que lo va a privatizar y esos trabajadores serán despedidos”, señala. Considera que los vecinos de su municipio van a tener servicios de peor calidad y mucho más caros y asegura que la reforma puede dejar en la calle al 40% de la plantilla municipal.

José Luis del Río, alcalde de Olvera (Cádiz)

Entre los alcaldes, una idea recurrente. La redacción de la ley, sujeta a múltiples cambios a lo largo de su tramitación, no deja demasiado claro cómo acabaran los servicios municipales. “Estamos confundidos”, explica el alcalde de Olvera (8.500 habitantes), José Luis del Río (IU). “Me cuesta trabajo hacerme una idea clara de cómo a va a llegar a afectar en la práctica”.
No obstante, considera positivo que se debata el papel de los ayuntamientos. “Hay una idea sana en el principio”, dice, “en el debate competencial”. Para el alcalde de este municipio gaditano, la polémica en torno a la reforma local, entre la enmienda a la totalidad y la cerrazón del Gobierno, ha olvidado analizar otras competencias municipales. La Policía Local, por ejemplo, que se lleva hasta un 20% del presupuesto de la localidad. “Entiendo que es claramente una competencia que debería llevarla un órgano superior”, explica.

Elías Romero, alcalde de Santa Eufemia (Córdoba)

“Se trata de una ley que va a sacar a concurso la gestión de municipios de menos de 20.000 habitantes”, denuncia el primer edil de Santa Eufemia, Elías Romero (PSOE). El regidor teme por el futuro de la residencia de ancianos del municipio, que cuenta con apenas 1.000 habitantes. Actualmente, la ocupan alrededor de cuarenta usuarios y una treintena de empleados públicos trabajan en ella.
Romero cree que acabará en manos privadas, como muchos otros servicios, lo que repercutirá en subidas de precios y en la precarización de esos puestos de trabajo. El regidor ve una intención clara del Gobierno detrás de la ley. “Las constructoras se están dedicando a servicios sociales”, explica, “y van a tratar a las personas como si fuesen ladrillos”.
Romero considera que la reforma repercutirá muy negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. No solo por la privatización de servicios, también por el alejamiento del núcleo de poder. “En los pueblos pequeños nos conocemos todos y sabemos quién tiene necesidades”, denuncia. “Vamos a ser menos gestores que un diputado que no sabe ni dónde está Santa Eufemia”.

Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada)

El proyecto de ley es “demoledor” para los pequeños municipios, afirma Juan Francisco Torregrosa (PSOE), alcalde de Benamaurel (2.500 habitantes). Asegura que la reforma deja sin competencias a los municipios de menos de cinco mil habitantes y aleja la toma de decisiones de la ciudadanía. “En la práctica supondrá el cierre funcional de los ayuntamientos, que ahora son una especie de ventanilla única para los ciudadanos”, añade.

Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales
Regidores de todos los partidos temen que la reforma local acabe con 30 años de asistencia a los desfavorecidos
Los municipios gestionan más de 5.000 millones
Jaime Prats / Alejandra Agudo Valencia / Madrid 15 OCT 2013 - 00:57  EL PAÍS

La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local retira a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes podrán hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. El resto, será competencia de la Administración autonómica.

Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida...”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.

“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad... todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.

El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.

Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.

El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.

En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.

Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (...) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.

El sector alerta de que esta ley pone en riesgo más de 30.000 empleos

El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).

De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.

Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.

Con información de María Fernández.

La tijera llega a los municipios


La nueva ley de Administraciones Locales fomenta las privatizaciones y socava la autonomía de los ayuntamientos
Enric Llopis
Rebelión


Hay casos en que la política de austeridad abarca portadas y suscita movilizaciones en la calle e indignación popular: recortes en educación, sanidad, dependencia, pensiones…Pero otras veces, con menor repercusión y mayor sutileza, se implementan leyes y planes del mismo calado cuya trascendencia no se percibe de inmediato. En este segundo grupo se inscribe el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Con un amplio consenso en su contra (que incluye ediles y alcaldes del PP), la nueva legislación socava la autonomía municipal en favor de Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas, toma partido por las privatizaciones y resta competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales.

Tras un año y medio de presentación de borradores y sin diálogo previo con administraciones y sectores afectados, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó la nueva legislación (que sustituye a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985) tras el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio. Ello se hizo tras una intensa campaña basada en mensajes de la siguiente guisa: “Sobran alcaldes y concejales”; “Los ayuntamientos son los grandes derrochadores”; “Hay que atajar la duplicidad de las administraciones” o “la solución consiste en profesionalizar la política y colocar a tecnócratas”. Sin embargo, subraya el responsable de Política Municipal de IU, Manuel Fuentes, “los ayuntamientos son las administraciones menos endeudadas (en comparación con la estatal y las autonómicas) aun considerando su muy escasa financiación; además, los consistorios con mayor volumen de deuda, como Madrid o Valencia, están gobernados por el PP”.

Que la nueva legislación apunta directamente a la privatización de servicios públicos y a las desregulaciones no resulta un arcano. En el texto se explicita netamente: “Para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad quede claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad”. Toda una declaración de principios ante la imposibilidad de continuar aprovechando el filón urbanístico y de la construcción de viviendas.

Tampoco es casualidad que a la nueva legislación sobre administraciones locales se la haya denominado “Ley Montoro”, pues sobre la misma planea sin ambages la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de abril de 2012, lo que, en la práctica, se traduce en el férreo control y la fiscalización absoluta de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda (que puede llegar, incluso, a la intervención de los Ayuntamientos). Con esa idea, se refuerza el papel de los interventores (que asumirán un papel primordial) y Secretarios de los Ayuntamientos. De hecho, el cuerpo de interventores rendirá cuentas y estará sujeto al Ministerio de Hacienda, con el fin de realizar el “control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, la gestión tributaria y la contabilidad, la tesorería y la recaudación”. La idea que “vende” el ejecutivo es que así se garantiza el control financiero de los consistorios y unos presupuestos más rigurosos. Pero “realmente se produce un tutelaje sobre los municipios y una evidente recentralización”, ha aseverado Fuentes en unas Jornadas organizadas por EUPV-IU.

La recentralización puede constatarse con sólo observar la eliminación de algunas competencias municipales básicas: defensa de los consumidores, participación en la gestión sanitaria (atención primaria); prestación de servicios sociales (que la nueva ley limita a riesgos de exclusión social); y participación en la gestión de la enseñanza (con la nueva legislación, el papel de los ayuntamientos se reduce prácticamente a la cesión de solares para la construcción de escuelas). La nueva ley introduce en ese sentido un viraje drástico, ya que hasta ahora los ayuntamientos podían complementar a los gobiernos centrales y autonómicos en materias (que competen a estos) tan sustantivas como educación, cultura, sanidad, vivienda o medio ambiente. El nuevo texto simplemente permite que las administraciones estatal o autonómica delegue algunas competencias en los consistorios, pero (y el matiz es capital) siempre que no se produzcan “duplicidades”. De este modo se cierra la puerta a que los ayuntamientos complementen o cubran lagunas que dejan las otras administraciones.

Con encendido ánimo “racionalizador”, también se ponen trabas a la creación de municipios nuevos (como que la población supere los 5.000 habitantes y sean financieramente sostenibles), mientras que se favorecen, incluso con subvenciones, las fusiones municipales. Pero en el punto de mira de la ley se sitúan fundamentalmente las entidades locales menores, que pueden suprimirse (con la coartada de la “estabilidad presupuestaria”) y así los servicios que prestan pasarían a manos de las Diputaciones Provinciales, que podrían privatizarlos. Pero el quid de la cuestión se halla en los montes públicos, bienes comunales y otras formas de propiedad colectiva (a veces de origen medieval), que las entidades locales menores gestionan y que constituyen terrenos muy apetitosos para proyectos de fracking, energía eólica o minería, entre otros. Podrían pasar a manos privadas para emprender negocios especulativos.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local otorga mayor poder precisamente a las Diputaciones. Y eso, explica Manuel Fuentes, “a pesar de que no son elegidas directamente por los ciudadanos” y que han acogido en la presidencia a personajes como Carlos Fabra en Castellón o José Luis Baltar en Orense. Con el nuevo texto, las diputaciones podrán coordinar servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes y prestar servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Al margen de los entresijos de la ley, sus detalles y las cuestiones técnicas, el portavoz de EUPV-IU en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, sostiene que en lo fundamental se trata de una “reforma ideológica”, para “frenar cualquier intento de políticas de izquierda desde los ayuntamientos”. De hecho, “se merma la capacidad política y económica de los municipios en favor de las comunidades autónomas, sobre todo en materia de servicios sociales”. Otro punto oscuro del texto legal, agrega Sanchis, es que no se dejan claras las competencias de cada administración, con lo que la gestión de la “cosa pública” queda muy condicionada por el color político que gobierne en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.

La aplicación de la ley también se traducirá, subraya Amadeu Sanchis, en recortes de empleo público en los ayuntamientos o empresas públicas municipales, cuyos trabajadores han sufrido con particular dureza los despidos desde el inicio de la crisis. También dificultará la negociación colectiva entre los funcionarios municipales y el consistorio, que podrá ser bloqueada por el Interventor municipal. Se ciegan, además, los canales de participación ciudadana (por ejemplo, en las juntas de distrito) y la posibilidad de pergeñar presupuestos participativos. La nueva legislación recorta de tal modo la autonomía municipal que, quizá, el gobierno no haya calculado bien los efectos que pueda tener entre los alcaldes de su partido (el PP gobierna en la mayoría de las capitales, ciudades medianas y pequeños municipios). Pero, con independencia de cálculos pragmáticos y perspectivas electoreras, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprovecha la crisis para implementar cambios estructurales, de raíz netamente ideológica, y de difícil aprobación en otra coyuntura. Como tantos otros decretos y leyes en la “agenda reformista” de Rajoy.[/b]

MANIFIESTO "HASTA AQUÍ": CONTRA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
viernes 19 de julio de 2013 http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/consejo/files/MANIFIESTO%20REFORMA%20ADM%20LOCAL%2019julio2013.pdf

19 de julio decimos
“HASTA AQUÍ”: CONTRA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL.

Manifiesto elaborado por el Consejo dentro de la CAMPAÑA “HASTA AQUÍ” para hoy día 19 de julio, este día está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la reforma de la Administración Local consideramos que es un tema suficientemente grave como para dar a conocer nuestra opinión.

MANIFIESTO
Con la inminente aprobación de la
reforma de la Administración Local en
Consejo de Ministros, los y las
trabajadoras sociales decimos
“¡HASTA AQUÍ!”

MANIFIESTO – Consejo General del Trabajo Social
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) insta al Gobierno a recapacitar y no aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que lleva meses perfilando.
Los y las trabajadoras sociales consideramos que la oposición a la reforma de la Administración Local planteada por el Ejecutivo es ya un clamor popular que debe hacerle reflexionar. El propio Consejo de Estado ya ha advertido de que el anteproyecto puede ser inconstitucional.
Desde el punto de vista de los servicios sociales, la reforma contribuirá a su desaparición, poniendo en grave peligro la subsistencia de millones de familias, empujándolas a la exclusión y socavando sus derechos fundamentales.
Por todo ello, hoy iniciamos la campaña “Hasta Aquí”, en que simbólicamente marcamos las líneas naranjas que no podemos permitir que traspasen los recortes y cambios legislativos. El retroceso experimentado en los últimos meses ha sido ya significativo. Retroceder más, nos llevará a un problema de vulneración de los derechos humanos.

Proximidad. El anteproyecto supone una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban en manos del nivel local más cercano se transfieren al nivel autonómico, rompiendo así con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales de proximidad locales. Además, teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición.

No a la Beneficencia. La reforma desborda el modelo de servicios sociales, que tanto ha costado construir durante los últimos 40 años. Renunciar a este modelo supone renunciar a los derechos sociales y volver a la beneficencia y la caridad.

Asistencialismo. La concepción economicista del anteproyecto aleja a los servicios sociales de las concepciones garantistas del estado del bienestar que se habían conseguido alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas, como se refleja en la misma terminología utilizada: el primer borrador se refería a “asistencia social” y el último a “necesidad y exclusión social”, sin tener en cuenta la prevención o la promoción ni referirse en ningún momento a los derechos de ciudadanía.

Derechos. Este anteproyecto puede también entrar en contradicción con los derechos subjetivos reconocidos en las leyes de servicios sociales y otras leyes, algunas orgánicas, que regulan derechos en esta materia (p.e. protección integral, violencia de género, responsabilidad penal de los menores, etc.), si los planes de reducción de costes o de ajuste no permiten disponer de los recursos siguientes para garantizarlos.

Privatización. De la exposición de motivos parece deducirse una prioridad por iniciativa privada, cuando señala de forma clara, como uno de los objetivos del anteproyecto, “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, para ello, reitera y añade más adelante que “para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica […].”Este modelo de servicios sociales que, con las peculiaridades autonómicas, tiene un fondo común, es fruto de un consenso social, profesional y político construido durante la etapa de la democracia; es posible que deba modificarse para que pueda adaptase a los nuevos tiempos, pero manteniendo unas líneas rojas infranqueables, que deberían ser la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos Humanos.

El CGTS remarca varias incongruencias en los mensajes que da el Gobierno:  Cuando utiliza las intervenciones administrativas desproporcionadas como argumento para la privatización de los servicios sociales, ¿acaso no es una forma de intervencionismo brutal toda la reforma de la ley, que quiere obligar a las autonomías y a los ayuntamientos a ejecutar esos cambios y a poner unos costes a todo?
 Por otro lado, en un marco de aumento del desempleo, en el que hay una preocupación importante por incentivar el empleo, el Gobierno da un mal ejemplo explicando que va a ahorrar desmontando servicios y despidiendo a trabajadores.

La campaña ¡Hasta Aquí! consiste en que cada trabajador o trabajadora social salga a las puertas de su centro de servicios sociales (también ayuntamiento o lugar emblemático que consideren) con sus compañeros y compañeras, con las personas usuarias y con vecinos y vecinas y MARQUE una LÍNEA NARANJA EN EL SUELO. Se puede pintar, poner una tela larga naranja que marque la línea, hacerla con papel naranja… Los profesionales, las personas usuarias y cuantos más vecinos mejor, se posicionarán frente a la línea naranja, defendiendo esos servicios sociales que no pueden desaparecer.

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loaded escribió:¿Se ha aprobado ya?

Supernaut escribió:

loaded escribió:¿Se ha aprobado ya?

Sí, ya ha pasado el trámite del congreso, ahora está en el senado

http://www.diariovasco.com/agencias/20131030/mas-actualidad/politica/aprobada-reforma-local-congreso-pasa_201310302117.html

loaded escribió:¿Se ha aprobado ya?

Las falsedades de la reforma municipal
18 may 2013


M. Emilio García
Miembro de EconoNuestra

El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad local informado por el Consejo de Ministros, que pretende conseguir una reducción del gasto público en el ámbito municipal para el trienio 2013-2015 de 7.129 millones de euros, se ha presentado como un intento de racionalizar el sector local, eliminando duplicidades e ineficiencias entre distintas administraciones, limitando el número de cargos y asesores y sus retribuciones y persiguiendo un más riguroso control de su gestión.

La veracidad de estas loables intenciones, que casi todos podríamos compartir, queda en entredicho con la lectura del Informe del Ministerio Hacienda que acompaña al anteproyecto. Las cifras contenidas en el mismo muestran con suma claridad de donde se pretenden obtener los ahorros perseguidos: reducción de retribuciones de cargos electos y asesores 2% (145 M €), eliminación de Entidades locales menores y mancomunidades 1% (73 M €), supresión de servicios mediante “clarificación de competencias, eliminación de duplicidades y reducción del Sector público local” 97% (6.911 M €). Queda patente que las retribuciones de alcaldes, concejales y asesores no juegan otro papel que el de guinda en otro amargo pastel de recorte de los servicios públicos.

El origen de la reforma local no es distinto al de las de sanidad, educación o servicios sociales, que no es otro que el de las exigencias de la Unión Europea plasmadas en el Programa de Estabilidad del Reino de España. En la última actualización del mismo para el periodo 2013-2016 la reforma de la Administración local adquiere el máximo protagonismo, significando un tercio del ajuste total del gasto que se prevé obtener mediante reformas normativas durante el año 2014 y la mitad del previsto para 2015 (0,3 % y 0,5 % del PIB, respectivamente).

La reforma plantea limitar las competencias y servicios que pueden prestar los municipios, la prohibición de ejercer actividades distintas de las que expresamente se les atribuyan y la supresión de municipios que no alcancen un determinado umbral de población, convirtiendo a las Diputaciones Provinciales en el eje de la prestación de los servicios locales.

Es decir, se pretende suprimir los pequeños municipios (no agruparlos), que constituyen la administración más cercana y sensible a las necesidades de sus habitantes, para entregar sus competencias a las Diputaciones Provinciales, cuya elección no se realiza de forma directa por los ciudadanos y que presentan evidentes carencias democráticas. A los Ayuntamientos que queden se les cercenan competencias y, en último término, se les impide suplir con su actividad las carencias de los servicios prestados por otras administraciones.

Éste y no otro es el primer objetivo estratégico de la reforma. Impedir que los municipios, diversos y menos manejables que otras instituciones, puedan seguir jugando uno de los papeles que históricamente han venido desempeñando, el de suplir las carencias de los servicios prestados por otras administraciones.

Salvo anecdóticas excepciones (que las hay) ningún ciudadano recibe dos veces el mismo servicio. Cuando los ayuntamientos prestan servicios de ayuda a domicilio a ancianos y enfermos, cuando prestan servicios a inmigrantes, cuando sostienen la limpieza, calefacción y mantenimiento de colegios públicos o consultorios médicos rurales no están duplicando servicios. Están, simplemente, supliendo las carencias de los servicios que deberían prestar otras administraciones. Esto es, precisamente, lo que se pretende impedir. Y como efecto colateral nuevas pérdidas de puestos de trabajo.

El procedimiento previsto para la aplicación de la Ley es sumario. Los sectores de sanidad, educación y servicios sociales quedan vedados a los ayuntamientos y para el resto de los servicios: a) se fija por decreto el coste estándar de los mismos (¿Calidad y coste no son mutuamente dependientes? ¿Tiene el mismo coste prestar un servicio en el barrio de Salamanca que en un pequeño pueblo de Zamora?), b) si el coste efectivo es superior al estándar y es una competencia “impropia” se suprime el servicio, c) si el coste es superior y se trata de una competencia “mínima”, el servicio se asume por la Diputación Provincial en municipios de menos de 20.000 habitantes.

¿Y qué ocurrirá con las actividades y servicios que tendrán que dejar de prestar los ayuntamientos? La respuesta a esta pregunta nos conduce al segundo gran objetivo de la reforma: Pasarán a manos de la iniciativa privada. La exposición de motivos del anteproyecto de Ley enuncia este objetivo sin el menor pudor. Valgan a modo de ejemplo las dos siguientes “perlas”: “…las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la Ley, “…se suprimen monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores pujantes en la actualidad”.

Sin embargo, en la estrategia de privatización de servicios públicos, este proyecto no es sino un paso más, un intento de regular institucionalmente lo que en el marco económico- financiero ya se ha hecho. La reforma “exprés” de la Constitución, de 2011 y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, ya han situado a las Entidades locales en la más absoluta precariedad de recursos, incluso en el ámbito de sus propias competencias. La obligación de presentar equilibrio presupuestario o, lo que es lo mismo, no incurrir en déficit, en términos de contabilidad nacional, no significa otra cosa que tener que financiar el conjunto de las actividades, incluso las inversiones, sin acudir al crédito. Y si las entidades locales no pueden acudir a los mercados financieros para abordar la ejecución de infraestructuras y equipamientos ¿Quién lo podrá hacer en su lugar? ¡Campo abierto a la iniciativa privada! Y no estamos aquí hablando de medidas coyunturales. Éstas no se plasman en constituciones y leyes orgánicas.

No menos importancia tiene la desaparición política de miles de pequeños núcleos rurales y Entidades Locales Menores que pone en peligro el futuro de los bienes públicos comunales que actualmente administran. La Plataforma Rural-Alianza por un Mundo Rural Vivo estima que la enajenación de los mismos podría afectar a 3,5 millones de ha., con un valor que podría rondar los 21.000 millones de euros.

Las administraciones municipales, con todas sus ineficiencias -que solo pueden encontrar solución en el control democrático de su gestión y la agrupación voluntaria de servicios- constituyen, a pesar de todo, un eslabón básico en la cohesión territorial y han venido jugando un papel esencial en la mejora del nivel de vida de sus pueblos, ejerciendo competencias propias y supliendo las carencias de otras.

Lo que está en juego es el nivel de la calidad de los servicios públicos más cotidianos, nuestra capacidad de decidir sobre los mismos y, sobre todo, el precio que tendremos que pagar por ellos. La calidad de las aguas que bebemos y que después arrojamos a mares y ríos, la recogida y tratamiento de los residuos que producimos, la limpieza, alumbrado y seguridad de calles, jardines y parques que transitamos, el deporte que practicamos, la cultura que disfrutamos, la asistencia que prestamos a excluidos y marginados, los lugares en que nos relacionamos, el transporte público que utilizamos, la calidad del aire que respiramos… Y así hasta el cementerio en que podríamos acabar nuestros días que, casi seguro, también será municipal.

ĆeMaRiĆ escribió:

Txomin escribió:

Esto es un fake por mis santos cojones.

Spasic escribió:

Sugar Bug escribió:

esto me parece muy muy muy retorcido.



y muy de hijo de puta.

Txomin escribió:Otra idea genial de la patronal: suprimir los domingos como día de descanso

http://insurgente.org/index.php/mas-noticias/economia/item/8131-otra-idea-genial-de-la-patronal-suprimir-los-domingos-como-d%C3%ADa-de-descanso

ĆeMaRiĆ escribió:

Txomin escribió:Otra idea genial de la patronal: suprimir los domingos como día de descanso

http://insurgente.org/index.php/mas-noticias/economia/item/8131-otra-idea-genial-de-la-patronal-suprimir-los-domingos-como-d%C3%ADa-de-descanso

Y qué tiene que decir Jesucristo de todo esto?

Txomin escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:

Txomin escribió:Otra idea genial de la patronal: suprimir los domingos como día de descanso

http://insurgente.org/index.php/mas-noticias/economia/item/8131-otra-idea-genial-de-la-patronal-suprimir-los-domingos-como-d%C3%ADa-de-descanso

Y qué tiene que decir Jesucristo de todo esto?

ya lo explica en el desarrollo de la noticia...España=estado laico

Txomin escribió:

pinkpanther escribió:

Txomin escribió:

   

Eric Sachs escribió:Los de la sociedad hermética del amanecer dorado se tienen que partir la caja  viendo a unos  " sucios"  sureños  poniéndose el nombre.

pinkpanther escribió:http://www.publico.es/dinero/479744/el-paro-registrado-subio-en-octubre-en-87-028-personas

Que si, que estamos mejor, que se ha terminado la recesión, que ahora empiezan a mejorar las cosas...............ahora que estos hijosdeputa se lo cuenten a los 87.028 nuevos parados.....aunque lo peor es que alguno igual se lo cree.

ĆeMaRiĆ escribió:

pinkpanther escribió:http://www.publico.es/dinero/479744/el-paro-registrado-subio-en-octubre-en-87-028-personas

Que si, que estamos mejor, que se ha terminado la recesión, que ahora empiezan a mejorar las cosas...............ahora que estos hijosdeputa se lo cuenten a los 87.028 nuevos parados.....aunque lo peor es que alguno igual se lo cree.

En junio y julio bien que salieron prestos y dispuestos a gritar a los cuatro vientos que el paro, gracias a ellos, había bajado.

Devon Miles escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:

pinkpanther escribió:http://www.publico.es/dinero/479744/el-paro-registrado-subio-en-octubre-en-87-028-personas

Que si, que estamos mejor, que se ha terminado la recesión, que ahora empiezan a mejorar las cosas...............ahora que estos hijosdeputa se lo cuenten a los 87.028 nuevos parados.....aunque lo peor es que alguno igual se lo cree.

En junio y julio bien que salieron prestos y dispuestos a gritar a los cuatro vientos que el paro, gracias a ellos, había bajado.

Ya han dicho que es mejor dato que el año pasado. El mejor octubre desde 2010. Es para celebrarlo

ĆeMaRiĆ escribió:

Devon Miles escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:

pinkpanther escribió:http://www.publico.es/dinero/479744/el-paro-registrado-subio-en-octubre-en-87-028-personas

Que si, que estamos mejor, que se ha terminado la recesión, que ahora empiezan a mejorar las cosas...............ahora que estos hijosdeputa se lo cuenten a los 87.028 nuevos parados.....aunque lo peor es que alguno igual se lo cree.

En junio y julio bien que salieron prestos y dispuestos a gritar a los cuatro vientos que el paro, gracias a ellos, había bajado.

Ya han dicho que es mejor dato que el año pasado. El mejor octubre desde 2010. Es para celebrarlo

Y no se cortan. Cada día hay menos gente para irse a la calle, con lo cual, obviamente, siempre será mejor dato.
Pero no es eso a lo que voy: Dijeron claramente que la tendencía era que fuera reduciendose el paro en estos meses que venían gracias a su reforma.
Y una vez más, no es verdad.

Devon Miles escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:

Devon Miles escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:

pinkpanther escribió:http://www.publico.es/dinero/479744/el-paro-registrado-subio-en-octubre-en-87-028-personas

Que si, que estamos mejor, que se ha terminado la recesión, que ahora empiezan a mejorar las cosas...............ahora que estos hijosdeputa se lo cuenten a los 87.028 nuevos parados.....aunque lo peor es que alguno igual se lo cree.

En junio y julio bien que salieron prestos y dispuestos a gritar a los cuatro vientos que el paro, gracias a ellos, había bajado.

Ya han dicho que es mejor dato que el año pasado. El mejor octubre desde 2010. Es para celebrarlo

Y no se cortan. Cada día hay menos gente para irse a la calle, con lo cual, obviamente, siempre será mejor dato.
Pero no es eso a lo que voy: Dijeron claramente que la tendencía era que fuera reduciendose el paro en estos meses que venían gracias a su reforma.
Y una vez más, no es verdad.

La primera vez que baja el paro de forma interanual desde 2007. Otro gran dato que he leido


Básicamente es lo que dices, cada vez hay menos gente para quedarse en paro, y éstos miserables intentan rentabilizar cualquier mínimo dato sin fundamento para anunciar la recuperación. No sé si alguien se lo cree, sospecho que sí. Pero al menos donde yo vivo, 35 % de paro, una recuperación del carajo.

Y 2014 será igual, tiene toda la pinta. Tiempo para estudiar, emigrar o hacerse chapero

ĆeMaRiĆ escribió:

Devon Miles escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:

Devon Miles escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:

pinkpanther escribió:http://www.publico.es/dinero/479744/el-paro-registrado-subio-en-octubre-en-87-028-personas

Que si, que estamos mejor, que se ha terminado la recesión, que ahora empiezan a mejorar las cosas...............ahora que estos hijosdeputa se lo cuenten a los 87.028 nuevos parados.....aunque lo peor es que alguno igual se lo cree.

En junio y julio bien que salieron prestos y dispuestos a gritar a los cuatro vientos que el paro, gracias a ellos, había bajado.

Ya han dicho que es mejor dato que el año pasado. El mejor octubre desde 2010. Es para celebrarlo

Y no se cortan. Cada día hay menos gente para irse a la calle, con lo cual, obviamente, siempre será mejor dato.
Pero no es eso a lo que voy: Dijeron claramente que la tendencía era que fuera reduciendose el paro en estos meses que venían gracias a su reforma.
Y una vez más, no es verdad.

La primera vez que baja el paro de forma interanual desde 2007. Otro gran dato que he leido


Básicamente es lo que dices, cada vez hay menos gente para quedarse en paro, y éstos miserables intentan rentabilizar cualquier mínimo dato sin fundamento para anunciar la recuperación. No sé si alguien se lo cree, sospecho que sí. Pero al menos donde yo vivo, 35 % de paro, una recuperación del carajo.

Y 2014 será igual, tiene toda la pinta. Tiempo para estudiar, emigrar o hacerse chapero

No pinta mal que siga habiendo paro, que también, obviamente. Me dan mas miedo las condiciones laborales que queden tras todo esto. Algún día, los que estamos en edad laboral, volveremos a trabajar, a no ser que dejemos de estar en esa edad de trabajar, que todo puede ser y es entonces cuando nos daremos cuenta de la mierda de situación a la que nos enfrentamos.
Sueldos bajísimos, convenios precarios...en fin.

ĆeMaRiĆ escribió:http://www.publico.es/479966/la-unica-izquierda-la-izquierda-real-es-el-psoe

ENTREVISTA A ÓSCAR LÓPEZ. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE
"La única izquierda, la izquierda real, es el PSOE"

 

pinkpanther escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:http://www.publico.es/479966/la-unica-izquierda-la-izquierda-real-es-el-psoe

ENTREVISTA A ÓSCAR LÓPEZ. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE
"La única izquierda, la izquierda real, es el PSOE"

 

Izquierda dice    

Que poca vergüenza.

loaded escribió:

pinkpanther escribió:

ĆeMaRiĆ escribió:http://www.publico.es/479966/la-unica-izquierda-la-izquierda-real-es-el-psoe

ENTREVISTA A ÓSCAR LÓPEZ. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE
"La única izquierda, la izquierda real, es el PSOE"

 

Izquierda dice    

Que poca vergüenza.

¿Este es el que era asesor en el Parlamento Europeo con 24 años (de alguien del PSOE, claro) y se lució con el caso de Ponferrada, no?

Vaya equipo de lujo que tiene el PSOE. Y encima pensando en López y Madina como los próximos redentores.

Yo quiero un pasaporte danés, por favor.