El prusés Catalufo

Langarica escribió:

Estoy harto de leer sentencias que no se sostienen pero que se ajustan a la legalidad vigente.

Entonces sí que se sostienen.
No se sostienen a lo que te salga a tí de los cojones, a eso no...

gayeta escribió:Para quien se aburra, nuestra posición sobre la sentencia:

https://www.partido-comunista.es/comunicados-centrales/ante-la-sentencia-del-tribunal-supremo-los-lideres-del-proces/

Cerpin Taxt escribió:acabo de ver la hostia a la señora, estoy flipando, menudo guantazo

JihadJoe escribió:

Infernu escribió:

Cerpin Taxt escribió:acabo de ver la hostia a la señora, estoy flipando, menudo guantazo

No defenderé al que le ha dado la hostia, sin embargo un poquito de cabeza no le iría mal a la señora.

Infernu escribió:

Cerpin Taxt escribió:acabo de ver la hostia a la señora, estoy flipando, menudo guantazo

No defenderé al que le ha dado la hostia, sin embargo un poquito de cabeza no le iría mal a la señora.

ruso escribió:Lo del aeropuerto me parece delirante. Qué pretenden con ello?

ruso escribió:Lo del aeropuerto me parece delirante. Qué pretenden con ello?

Infernu escribió:

Cerpin Taxt escribió:acabo de ver la hostia a la señora, estoy flipando, menudo guantazo

No defenderé al que le ha dado la hostia, sin embargo un poquito de cabeza no le iría mal a la señora.

wakam escribió:

Infernu escribió:

Cerpin Taxt escribió:acabo de ver la hostia a la señora, estoy flipando, menudo guantazo

No defenderé al que le ha dado la hostia, sin embargo un poquito de cabeza no le iría mal a la señora.

La verdad es que ir a tocar los huevos con banderas estando la gente caliente más que poco inteligente es bastante hijoputesco.
Esa mujer parece veneno puro, pero hay que ser subnormal profundo para pegar a una indigente mental de ese calibre.

Langarica escribió:

ruso escribió:Lo del aeropuerto me parece delirante. Qué pretenden con ello?

Supongo que tener algo de repercusión internacional

wakam escribió:https://elpais.com/ccaa/2019/10/14/catalunya/1571054829_985501.html

"No hay otra opción que construir un nuevo Estado para huir de este que persigue demócratas, prohíbe votar y protestar y encarcela por ideas políticas"

Ya sabemos que cualquier cosa que ocurra siempre es un motivo más para la independencia. Que hoy llueve? necesitamos la independencia. Que sale el sol? independencia también.
Así que qué va a decir si le meten 13 añazos de cárcel. Lógico. Pero ese cuento mejor para su parroquia, que si le llegan a absolver seguro que iba a dejar de necesitar construir un nuevo Estado.

wakam escribió:

Infernu escribió:

Cerpin Taxt escribió:acabo de ver la hostia a la señora, estoy flipando, menudo guantazo

No defenderé al que le ha dado la hostia, sin embargo un poquito de cabeza no le iría mal a la señora.

La verdad es que ir a tocar los huevos con banderas estando la gente caliente más que poco inteligente es bastante hijoputesco.

wakam escribió:Pongo aquí este artículo de opinión del Diario Vasco, en referencia al nacionalismo vasco pero que creo que se puede aplicar también al catalufo. Mi pregunta es, qué hay de cierto en cómo nos pinta la ley de claridad canadiense?

QUEBEC Y EL NACIONALISMO VASCO
Sorprende esa querencia por la 'ley de claridad' canadiense. Si España promulgase una similar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum

RAFAEL LEONISIO
Politólogo
Sábado, 12 octubre 2019, 07:48

Quebec es un territorio al que el nacionalismo vasco lleva mucho tiempo mirando con gran admiración. La denominada 'ley de claridad' canadiense recibe constantes elogios de los partidarios del «derecho a decidir» y muchas veces se pone a Canadá como ejemplo de país democrático que respeta ese derecho, además de como modelo hacia el que España debería mirar. Por ejemplo, hace un par de años el lehendakari Urkullu visitó Quebec, donde puso en valor su «modelo de consulta legal y pactada», y en septiembre del año pasado recordó que era el «modelo de referencia» para impulsar una «Directiva de Claridad» para el conjunto de la UE.

Sorprende bastante esa querencia del nacionalismo vasco por el modelo canadiense de autogobierno. Y es que si España promulgase una ley idéntica a la de aquel país los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la ley sería una trampa para hacer prácticamente inviable un proyecto secesionista. Y tendrían toda la razón, porque para eso la hicieron los canadienses.

Conviene recordar que al amparo de la 'ley de claridad' (al contrario de lo que algunas veces se afirma) no se ha celebrado ningún referéndum sino que la ley fue la respuesta a la celebración de dos, uno en 1980 y otro en 1995, ambos convocados unilateralmente por la provincia francófona, aunque sin oposición explícita del Gobierno central. El primero no fue un referéndum de autodeterminación propiamente dicho, ya que lo que se preguntaba era si se autorizaba o no al Gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía. El 'no' venció de forma clara con el 60% de los votos. En el segundo, en el que el 'no' ganó por un ajustado 50,6%, sí se preguntaba por el deseo de un Quebec soberano, pero la ambigüedad de la pregunta formulada recibió muchas críticas. Fue esa ambigüedad, y el caos jurídico que habría supuesto una victoria del 'sí' lo que hizo reaccionar a las autoridades canadienses y, previa consulta a la Corte Suprema (la cual rechazó que existiera cualquier derecho a una separación unilateral), el Parlamento promulgó esa 'ley de claridad' tan extrañamente admirada por estos lares.

Sus puntos principales serían los siguientes: en primer lugar una pregunta clara cuya redacción no ponga en duda lo que se está votando. Y quien tiene el poder para decidir si esa pregunta es clara o no (primer veto estatal) es la Cámara de los Comunes de Canadá, es decir, el Parlamento del conjunto de la nación. El mismo que tiene la potestad de determinar si una supuesta mayoría afirmativa ha sido clara (segundo veto). Es decir, se da por hecho que es necesaria una mayoría reforzada (nada del 51%) y, lo que es más, quien decide el número mágico no son las autoridades de Quebec sino que es el Parlamento de Canadá el órgano soberano que dicta si hay o no voluntad (clara) de secesión. Además, la propia Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la 'ley de claridad' (tercer veto). Por otro lado, la independencia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Es decir, aunque una mayoría del 100% de los votantes apoyara la independencia esta no se produciría automáticamente sino que Canadá tendría que 'otorgarla', lo que implica que en ningún momento ha habido cesión de soberanía. La Corte Suprema lo aclaró poco después: al amparo de las leyes canadienses el voto ciudadano en un referéndum de autodeterminación no tendría ningún efecto jurídico, puesto que la secesión sólo sería constitucionalmente válida después de una negociación entre el Gobierno federal y el provincial.

Por tanto, un sí inequívoco a una pregunta clara sobre la secesión no obligaría a Canadá a permitir la separación de una de sus provincias sino que solo le obligaría a negociar de buena fe (lo que quiera que eso signifique) los términos de esa posible secesión. Una negociación en la que podría poner una condiciones imposibles que hicieran inviable la independencia, por mucho apoyo mayoritario que tuviera (cuarto veto). Finalmente, como se prevé la divisibilidad de Canadá también se hace con el territorio de Quebec. Es decir, determinadas poblaciones concentradas territorialmente en esa provincia tendrían el derecho a quedarse en Canadá.

Así que imaginemos la traslación de la 'ley de claridad' a España. Una ley que diría que en el caso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o Euskadi habría partes de estos territorios que podrían decidir permanecer en España (como Tarragona, el Valle de Arán, el gran Bilbao o Álava). Además, el Congreso de los Diputados podría vetar la pregunta por no ser clara, decidir unilateralmente la mayoría necesaria para legitimar una postura favorable a la secesión y anular todo el proceso por detectar anomalías. Y que, en caso de respuesta clara a mayoría clara en un proceso perfectamente legal, el Gobierno solo estaría obligado a negociar y por tanto a poner unas condiciones tan draconianas que harían que ni los más entusiastas quisieran la independencia. O sea que el poder central (España) tendría la soberanía y lo decidiría todo. Más o menos como estamos ahora. ¿Sería realmente un chollo?

wakam escribió:Pongo aquí este artículo de opinión del Diario Vasco, en referencia al nacionalismo vasco pero que creo que se puede aplicar también al catalufo. Mi pregunta es, qué hay de cierto en cómo nos pinta la ley de claridad canadiense?

QUEBEC Y EL NACIONALISMO VASCO
Sorprende esa querencia por la 'ley de claridad' canadiense. Si España promulgase una similar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum

RAFAEL LEONISIO
Politólogo
Sábado, 12 octubre 2019, 07:48

Quebec es un territorio al que el nacionalismo vasco lleva mucho tiempo mirando con gran admiración. La denominada 'ley de claridad' canadiense recibe constantes elogios de los partidarios del «derecho a decidir» y muchas veces se pone a Canadá como ejemplo de país democrático que respeta ese derecho, además de como modelo hacia el que España debería mirar. Por ejemplo, hace un par de años el lehendakari Urkullu visitó Quebec, donde puso en valor su «modelo de consulta legal y pactada», y en septiembre del año pasado recordó que era el «modelo de referencia» para impulsar una «Directiva de Claridad» para el conjunto de la UE.

Sorprende bastante esa querencia del nacionalismo vasco por el modelo canadiense de autogobierno. Y es que si España promulgase una ley idéntica a la de aquel país los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la ley sería una trampa para hacer prácticamente inviable un proyecto secesionista. Y tendrían toda la razón, porque para eso la hicieron los canadienses.

Conviene recordar que al amparo de la 'ley de claridad' (al contrario de lo que algunas veces se afirma) no se ha celebrado ningún referéndum sino que la ley fue la respuesta a la celebración de dos, uno en 1980 y otro en 1995, ambos convocados unilateralmente por la provincia francófona, aunque sin oposición explícita del Gobierno central. El primero no fue un referéndum de autodeterminación propiamente dicho, ya que lo que se preguntaba era si se autorizaba o no al Gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía. El 'no' venció de forma clara con el 60% de los votos. En el segundo, en el que el 'no' ganó por un ajustado 50,6%, sí se preguntaba por el deseo de un Quebec soberano, pero la ambigüedad de la pregunta formulada recibió muchas críticas. Fue esa ambigüedad, y el caos jurídico que habría supuesto una victoria del 'sí' lo que hizo reaccionar a las autoridades canadienses y, previa consulta a la Corte Suprema (la cual rechazó que existiera cualquier derecho a una separación unilateral), el Parlamento promulgó esa 'ley de claridad' tan extrañamente admirada por estos lares.

Sus puntos principales serían los siguientes: en primer lugar una pregunta clara cuya redacción no ponga en duda lo que se está votando. Y quien tiene el poder para decidir si esa pregunta es clara o no (primer veto estatal) es la Cámara de los Comunes de Canadá, es decir, el Parlamento del conjunto de la nación. El mismo que tiene la potestad de determinar si una supuesta mayoría afirmativa ha sido clara (segundo veto). Es decir, se da por hecho que es necesaria una mayoría reforzada (nada del 51%) y, lo que es más, quien decide el número mágico no son las autoridades de Quebec sino que es el Parlamento de Canadá el órgano soberano que dicta si hay o no voluntad (clara) de secesión. Además, la propia Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la 'ley de claridad' (tercer veto). Por otro lado, la independencia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Es decir, aunque una mayoría del 100% de los votantes apoyara la independencia esta no se produciría automáticamente sino que Canadá tendría que 'otorgarla', lo que implica que en ningún momento ha habido cesión de soberanía. La Corte Suprema lo aclaró poco después: al amparo de las leyes canadienses el voto ciudadano en un referéndum de autodeterminación no tendría ningún efecto jurídico, puesto que la secesión sólo sería constitucionalmente válida después de una negociación entre el Gobierno federal y el provincial.

Por tanto, un sí inequívoco a una pregunta clara sobre la secesión no obligaría a Canadá a permitir la separación de una de sus provincias sino que solo le obligaría a negociar de buena fe (lo que quiera que eso signifique) los términos de esa posible secesión. Una negociación en la que podría poner una condiciones imposibles que hicieran inviable la independencia, por mucho apoyo mayoritario que tuviera (cuarto veto). Finalmente, como se prevé la divisibilidad de Canadá también se hace con el territorio de Quebec. Es decir, determinadas poblaciones concentradas territorialmente en esa provincia tendrían el derecho a quedarse en Canadá.

Así que imaginemos la traslación de la 'ley de claridad' a España. Una ley que diría que en el caso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o Euskadi habría partes de estos territorios que podrían decidir permanecer en España (como Tarragona, el Valle de Arán, el gran Bilbao o Álava). Además, el Congreso de los Diputados podría vetar la pregunta por no ser clara, decidir unilateralmente la mayoría necesaria para legitimar una postura favorable a la secesión y anular todo el proceso por detectar anomalías. Y que, en caso de respuesta clara a mayoría clara en un proceso perfectamente legal, el Gobierno solo estaría obligado a negociar y por tanto a poner unas condiciones tan draconianas que harían que ni los más entusiastas quisieran la independencia. O sea que el poder central (España) tendría la soberanía y lo decidiría todo. Más o menos como estamos ahora. ¿Sería realmente un chollo?

El facha catalán escribió:Escuchando a Puigdemont

Me dan ganas de vomitar

Y no entiendo como muchos indepes le siguen, se me escapa completamente

Steve Trumbo escribió:Forcadell es otra que me da bastante pena. Estoy convencido de que no tenía ni puta idea de dónde se estaba metiendo ni de las consecuencias jurídicas que tenía aprobar ciertas cosas como presidenta de un Parlamento. De hecho sus declaraciones en el juicio dan más penica que otra cosa.

Poner en esos cargos a gente sin formación en Derecho tiene esas consecuencias...

iontxu escribió:16:13:17

wakam escribió:

Infernu escribió:

Cerpin Taxt escribió:acabo de ver la hostia a la señora, estoy flipando, menudo guantazo

No defenderé al que le ha dado la hostia, sin embargo un poquito de cabeza no le iría mal a la señora.

La verdad es que ir a tocar los huevos con banderas estando la gente caliente más que poco inteligente es bastante hijoputesco.

Ahi se demuestra la inteligencia de ambos tipos de nacionalistas. Solo que la señora estaba en su derecho de sacar esa bandera y el agresor podía haber pasado por completo pero como su capacidad mental no da para más.....

Jurek escribió:

Steve Trumbo escribió:Forcadell es otra que me da bastante pena. Estoy convencido de que no tenía ni puta idea de dónde se estaba metiendo ni de las consecuencias jurídicas que tenía aprobar ciertas cosas como presidenta de un Parlamento. De hecho sus declaraciones en el juicio dan más penica que otra cosa.

Poner en esos cargos a gente sin formación en Derecho tiene esas consecuencias...

La gente que tiene bien la cabeza, normalmente, no se mete a político, estudia y/o se dedica a trabajar.

wakam escribió:Sé que he elegido el peor día para hablar de cosas que no sean sentencias, años de cárcel, resistencia pacífica, ostias como panes o similares, pero me gustaría saber si es cierto que la ley de claridad canadiense es tal y como la pinta el articulista.

wakam escribió:Pongo aquí este artículo de opinión del Diario Vasco, en referencia al nacionalismo vasco pero que creo que se puede aplicar también al catalufo. Mi pregunta es, qué hay de cierto en cómo nos pinta la ley de claridad canadiense?

QUEBEC Y EL NACIONALISMO VASCO
Sorprende esa querencia por la 'ley de claridad' canadiense. Si España promulgase una similar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum

RAFAEL LEONISIO
Politólogo
Sábado, 12 octubre 2019, 07:48

Quebec es un territorio al que el nacionalismo vasco lleva mucho tiempo mirando con gran admiración. La denominada 'ley de claridad' canadiense recibe constantes elogios de los partidarios del «derecho a decidir» y muchas veces se pone a Canadá como ejemplo de país democrático que respeta ese derecho, además de como modelo hacia el que España debería mirar. Por ejemplo, hace un par de años el lehendakari Urkullu visitó Quebec, donde puso en valor su «modelo de consulta legal y pactada», y en septiembre del año pasado recordó que era el «modelo de referencia» para impulsar una «Directiva de Claridad» para el conjunto de la UE.

Sorprende bastante esa querencia del nacionalismo vasco por el modelo canadiense de autogobierno. Y es que si España promulgase una ley idéntica a la de aquel país los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la ley sería una trampa para hacer prácticamente inviable un proyecto secesionista. Y tendrían toda la razón, porque para eso la hicieron los canadienses.

Conviene recordar que al amparo de la 'ley de claridad' (al contrario de lo que algunas veces se afirma) no se ha celebrado ningún referéndum sino que la ley fue la respuesta a la celebración de dos, uno en 1980 y otro en 1995, ambos convocados unilateralmente por la provincia francófona, aunque sin oposición explícita del Gobierno central. El primero no fue un referéndum de autodeterminación propiamente dicho, ya que lo que se preguntaba era si se autorizaba o no al Gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía. El 'no' venció de forma clara con el 60% de los votos. En el segundo, en el que el 'no' ganó por un ajustado 50,6%, sí se preguntaba por el deseo de un Quebec soberano, pero la ambigüedad de la pregunta formulada recibió muchas críticas. Fue esa ambigüedad, y el caos jurídico que habría supuesto una victoria del 'sí' lo que hizo reaccionar a las autoridades canadienses y, previa consulta a la Corte Suprema (la cual rechazó que existiera cualquier derecho a una separación unilateral), el Parlamento promulgó esa 'ley de claridad' tan extrañamente admirada por estos lares.

Sus puntos principales serían los siguientes: en primer lugar una pregunta clara cuya redacción no ponga en duda lo que se está votando. Y quien tiene el poder para decidir si esa pregunta es clara o no (primer veto estatal) es la Cámara de los Comunes de Canadá, es decir, el Parlamento del conjunto de la nación. El mismo que tiene la potestad de determinar si una supuesta mayoría afirmativa ha sido clara (segundo veto). Es decir, se da por hecho que es necesaria una mayoría reforzada (nada del 51%) y, lo que es más, quien decide el número mágico no son las autoridades de Quebec sino que es el Parlamento de Canadá el órgano soberano que dicta si hay o no voluntad (clara) de secesión. Además, la propia Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la 'ley de claridad' (tercer veto). Por otro lado, la independencia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Es decir, aunque una mayoría del 100% de los votantes apoyara la independencia esta no se produciría automáticamente sino que Canadá tendría que 'otorgarla', lo que implica que en ningún momento ha habido cesión de soberanía. La Corte Suprema lo aclaró poco después: al amparo de las leyes canadienses el voto ciudadano en un referéndum de autodeterminación no tendría ningún efecto jurídico, puesto que la secesión sólo sería constitucionalmente válida después de una negociación entre el Gobierno federal y el provincial.

Por tanto, un sí inequívoco a una pregunta clara sobre la secesión no obligaría a Canadá a permitir la separación de una de sus provincias sino que solo le obligaría a negociar de buena fe (lo que quiera que eso signifique) los términos de esa posible secesión. Una negociación en la que podría poner una condiciones imposibles que hicieran inviable la independencia, por mucho apoyo mayoritario que tuviera (cuarto veto). Finalmente, como se prevé la divisibilidad de Canadá también se hace con el territorio de Quebec. Es decir, determinadas poblaciones concentradas territorialmente en esa provincia tendrían el derecho a quedarse en Canadá.

Así que imaginemos la traslación de la 'ley de claridad' a España. Una ley que diría que en el caso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o Euskadi habría partes de estos territorios que podrían decidir permanecer en España (como Tarragona, el Valle de Arán, el gran Bilbao o Álava). Además, el Congreso de los Diputados podría vetar la pregunta por no ser clara, decidir unilateralmente la mayoría necesaria para legitimar una postura favorable a la secesión y anular todo el proceso por detectar anomalías. Y que, en caso de respuesta clara a mayoría clara en un proceso perfectamente legal, el Gobierno solo estaría obligado a negociar y por tanto a poner unas condiciones tan draconianas que harían que ni los más entusiastas quisieran la independencia. O sea que el poder central (España) tendría la soberanía y lo decidiría todo. Más o menos como estamos ahora. ¿Sería realmente un chollo?

Langarica escribió:

ruso escribió:Lo del aeropuerto me parece delirante. Qué pretenden con ello?

Supongo que tener algo de repercusión internacional

Infernu escribió:

wakam escribió:Sé que he elegido el peor día para hablar de cosas que no sean sentencias, años de cárcel, resistencia pacífica, ostias como panes o similares, pero me gustaría saber si es cierto que la ley de claridad canadiense es tal y como la pinta el articulista.

wakam escribió:Pongo aquí este artículo de opinión del Diario Vasco, en referencia al nacionalismo vasco pero que creo que se puede aplicar también al catalufo. Mi pregunta es, qué hay de cierto en cómo nos pinta la ley de claridad canadiense?

QUEBEC Y EL NACIONALISMO VASCO
Sorprende esa querencia por la 'ley de claridad' canadiense. Si España promulgase una similar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum

RAFAEL LEONISIO
Politólogo
Sábado, 12 octubre 2019, 07:48

Quebec es un territorio al que el nacionalismo vasco lleva mucho tiempo mirando con gran admiración. La denominada 'ley de claridad' canadiense recibe constantes elogios de los partidarios del «derecho a decidir» y muchas veces se pone a Canadá como ejemplo de país democrático que respeta ese derecho, además de como modelo hacia el que España debería mirar. Por ejemplo, hace un par de años el lehendakari Urkullu visitó Quebec, donde puso en valor su «modelo de consulta legal y pactada», y en septiembre del año pasado recordó que era el «modelo de referencia» para impulsar una «Directiva de Claridad» para el conjunto de la UE.

Sorprende bastante esa querencia del nacionalismo vasco por el modelo canadiense de autogobierno. Y es que si España promulgase una ley idéntica a la de aquel país los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la ley sería una trampa para hacer prácticamente inviable un proyecto secesionista. Y tendrían toda la razón, porque para eso la hicieron los canadienses.

Conviene recordar que al amparo de la 'ley de claridad' (al contrario de lo que algunas veces se afirma) no se ha celebrado ningún referéndum sino que la ley fue la respuesta a la celebración de dos, uno en 1980 y otro en 1995, ambos convocados unilateralmente por la provincia francófona, aunque sin oposición explícita del Gobierno central. El primero no fue un referéndum de autodeterminación propiamente dicho, ya que lo que se preguntaba era si se autorizaba o no al Gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía. El 'no' venció de forma clara con el 60% de los votos. En el segundo, en el que el 'no' ganó por un ajustado 50,6%, sí se preguntaba por el deseo de un Quebec soberano, pero la ambigüedad de la pregunta formulada recibió muchas críticas. Fue esa ambigüedad, y el caos jurídico que habría supuesto una victoria del 'sí' lo que hizo reaccionar a las autoridades canadienses y, previa consulta a la Corte Suprema (la cual rechazó que existiera cualquier derecho a una separación unilateral), el Parlamento promulgó esa 'ley de claridad' tan extrañamente admirada por estos lares.

Sus puntos principales serían los siguientes: en primer lugar una pregunta clara cuya redacción no ponga en duda lo que se está votando. Y quien tiene el poder para decidir si esa pregunta es clara o no (primer veto estatal) es la Cámara de los Comunes de Canadá, es decir, el Parlamento del conjunto de la nación. El mismo que tiene la potestad de determinar si una supuesta mayoría afirmativa ha sido clara (segundo veto). Es decir, se da por hecho que es necesaria una mayoría reforzada (nada del 51%) y, lo que es más, quien decide el número mágico no son las autoridades de Quebec sino que es el Parlamento de Canadá el órgano soberano que dicta si hay o no voluntad (clara) de secesión. Además, la propia Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la 'ley de claridad' (tercer veto). Por otro lado, la independencia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Es decir, aunque una mayoría del 100% de los votantes apoyara la independencia esta no se produciría automáticamente sino que Canadá tendría que 'otorgarla', lo que implica que en ningún momento ha habido cesión de soberanía. La Corte Suprema lo aclaró poco después: al amparo de las leyes canadienses el voto ciudadano en un referéndum de autodeterminación no tendría ningún efecto jurídico, puesto que la secesión sólo sería constitucionalmente válida después de una negociación entre el Gobierno federal y el provincial.

Por tanto, un sí inequívoco a una pregunta clara sobre la secesión no obligaría a Canadá a permitir la separación de una de sus provincias sino que solo le obligaría a negociar de buena fe (lo que quiera que eso signifique) los términos de esa posible secesión. Una negociación en la que podría poner una condiciones imposibles que hicieran inviable la independencia, por mucho apoyo mayoritario que tuviera (cuarto veto). Finalmente, como se prevé la divisibilidad de Canadá también se hace con el territorio de Quebec. Es decir, determinadas poblaciones concentradas territorialmente en esa provincia tendrían el derecho a quedarse en Canadá.

Así que imaginemos la traslación de la 'ley de claridad' a España. Una ley que diría que en el caso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o Euskadi habría partes de estos territorios que podrían decidir permanecer en España (como Tarragona, el Valle de Arán, el gran Bilbao o Álava). Además, el Congreso de los Diputados podría vetar la pregunta por no ser clara, decidir unilateralmente la mayoría necesaria para legitimar una postura favorable a la secesión y anular todo el proceso por detectar anomalías. Y que, en caso de respuesta clara a mayoría clara en un proceso perfectamente legal, el Gobierno solo estaría obligado a negociar y por tanto a poner unas condiciones tan draconianas que harían que ni los más entusiastas quisieran la independencia. O sea que el poder central (España) tendría la soberanía y lo decidiría todo. Más o menos como estamos ahora. ¿Sería realmente un chollo?

Si se quedan Bilbao, Irun (previo rescate de refugiados) y Lasarte fuera, firmo.

Godofredo escribió:

Langarica escribió:

ruso escribió:Lo del aeropuerto me parece delirante. Qué pretenden con ello?

Supongo que tener algo de repercusión internacional

Poder irse a la cama hoy sin la sensación de que el cuento de acaba.

wakam escribió:

Infernu escribió:

wakam escribió:Sé que he elegido el peor día para hablar de cosas que no sean sentencias, años de cárcel, resistencia pacífica, ostias como panes o similares, pero me gustaría saber si es cierto que la ley de claridad canadiense es tal y como la pinta el articulista.

wakam escribió:Pongo aquí este artículo de opinión del Diario Vasco, en referencia al nacionalismo vasco pero que creo que se puede aplicar también al catalufo. Mi pregunta es, qué hay de cierto en cómo nos pinta la ley de claridad canadiense?

QUEBEC Y EL NACIONALISMO VASCO
Sorprende esa querencia por la 'ley de claridad' canadiense. Si España promulgase una similar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum

RAFAEL LEONISIO
Politólogo
Sábado, 12 octubre 2019, 07:48

Quebec es un territorio al que el nacionalismo vasco lleva mucho tiempo mirando con gran admiración. La denominada 'ley de claridad' canadiense recibe constantes elogios de los partidarios del «derecho a decidir» y muchas veces se pone a Canadá como ejemplo de país democrático que respeta ese derecho, además de como modelo hacia el que España debería mirar. Por ejemplo, hace un par de años el lehendakari Urkullu visitó Quebec, donde puso en valor su «modelo de consulta legal y pactada», y en septiembre del año pasado recordó que era el «modelo de referencia» para impulsar una «Directiva de Claridad» para el conjunto de la UE.

Sorprende bastante esa querencia del nacionalismo vasco por el modelo canadiense de autogobierno. Y es que si España promulgase una ley idéntica a la de aquel país los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la ley sería una trampa para hacer prácticamente inviable un proyecto secesionista. Y tendrían toda la razón, porque para eso la hicieron los canadienses.

Conviene recordar que al amparo de la 'ley de claridad' (al contrario de lo que algunas veces se afirma) no se ha celebrado ningún referéndum sino que la ley fue la respuesta a la celebración de dos, uno en 1980 y otro en 1995, ambos convocados unilateralmente por la provincia francófona, aunque sin oposición explícita del Gobierno central. El primero no fue un referéndum de autodeterminación propiamente dicho, ya que lo que se preguntaba era si se autorizaba o no al Gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía. El 'no' venció de forma clara con el 60% de los votos. En el segundo, en el que el 'no' ganó por un ajustado 50,6%, sí se preguntaba por el deseo de un Quebec soberano, pero la ambigüedad de la pregunta formulada recibió muchas críticas. Fue esa ambigüedad, y el caos jurídico que habría supuesto una victoria del 'sí' lo que hizo reaccionar a las autoridades canadienses y, previa consulta a la Corte Suprema (la cual rechazó que existiera cualquier derecho a una separación unilateral), el Parlamento promulgó esa 'ley de claridad' tan extrañamente admirada por estos lares.

Sus puntos principales serían los siguientes: en primer lugar una pregunta clara cuya redacción no ponga en duda lo que se está votando. Y quien tiene el poder para decidir si esa pregunta es clara o no (primer veto estatal) es la Cámara de los Comunes de Canadá, es decir, el Parlamento del conjunto de la nación. El mismo que tiene la potestad de determinar si una supuesta mayoría afirmativa ha sido clara (segundo veto). Es decir, se da por hecho que es necesaria una mayoría reforzada (nada del 51%) y, lo que es más, quien decide el número mágico no son las autoridades de Quebec sino que es el Parlamento de Canadá el órgano soberano que dicta si hay o no voluntad (clara) de secesión. Además, la propia Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la 'ley de claridad' (tercer veto). Por otro lado, la independencia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Es decir, aunque una mayoría del 100% de los votantes apoyara la independencia esta no se produciría automáticamente sino que Canadá tendría que 'otorgarla', lo que implica que en ningún momento ha habido cesión de soberanía. La Corte Suprema lo aclaró poco después: al amparo de las leyes canadienses el voto ciudadano en un referéndum de autodeterminación no tendría ningún efecto jurídico, puesto que la secesión sólo sería constitucionalmente válida después de una negociación entre el Gobierno federal y el provincial.

Por tanto, un sí inequívoco a una pregunta clara sobre la secesión no obligaría a Canadá a permitir la separación de una de sus provincias sino que solo le obligaría a negociar de buena fe (lo que quiera que eso signifique) los términos de esa posible secesión. Una negociación en la que podría poner una condiciones imposibles que hicieran inviable la independencia, por mucho apoyo mayoritario que tuviera (cuarto veto). Finalmente, como se prevé la divisibilidad de Canadá también se hace con el territorio de Quebec. Es decir, determinadas poblaciones concentradas territorialmente en esa provincia tendrían el derecho a quedarse en Canadá.

Así que imaginemos la traslación de la 'ley de claridad' a España. Una ley que diría que en el caso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o Euskadi habría partes de estos territorios que podrían decidir permanecer en España (como Tarragona, el Valle de Arán, el gran Bilbao o Álava). Además, el Congreso de los Diputados podría vetar la pregunta por no ser clara, decidir unilateralmente la mayoría necesaria para legitimar una postura favorable a la secesión y anular todo el proceso por detectar anomalías. Y que, en caso de respuesta clara a mayoría clara en un proceso perfectamente legal, el Gobierno solo estaría obligado a negociar y por tanto a poner unas condiciones tan draconianas que harían que ni los más entusiastas quisieran la independencia. O sea que el poder central (España) tendría la soberanía y lo decidiría todo. Más o menos como estamos ahora. ¿Sería realmente un chollo?

Si se quedan Bilbao, Irun (previo rescate de refugiados) y Lasarte fuera, firmo.

Y media Navarra, supongo.

Infernu escribió:

wakam escribió:

Infernu escribió:

wakam escribió:Sé que he elegido el peor día para hablar de cosas que no sean sentencias, años de cárcel, resistencia pacífica, ostias como panes o similares, pero me gustaría saber si es cierto que la ley de claridad canadiense es tal y como la pinta el articulista.

wakam escribió:Pongo aquí este artículo de opinión del Diario Vasco, en referencia al nacionalismo vasco pero que creo que se puede aplicar también al catalufo. Mi pregunta es, qué hay de cierto en cómo nos pinta la ley de claridad canadiense?

QUEBEC Y EL NACIONALISMO VASCO
Sorprende esa querencia por la 'ley de claridad' canadiense. Si España promulgase una similar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum

RAFAEL LEONISIO
Politólogo
Sábado, 12 octubre 2019, 07:48

Quebec es un territorio al que el nacionalismo vasco lleva mucho tiempo mirando con gran admiración. La denominada 'ley de claridad' canadiense recibe constantes elogios de los partidarios del «derecho a decidir» y muchas veces se pone a Canadá como ejemplo de país democrático que respeta ese derecho, además de como modelo hacia el que España debería mirar. Por ejemplo, hace un par de años el lehendakari Urkullu visitó Quebec, donde puso en valor su «modelo de consulta legal y pactada», y en septiembre del año pasado recordó que era el «modelo de referencia» para impulsar una «Directiva de Claridad» para el conjunto de la UE.

Sorprende bastante esa querencia del nacionalismo vasco por el modelo canadiense de autogobierno. Y es que si España promulgase una ley idéntica a la de aquel país los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la ley sería una trampa para hacer prácticamente inviable un proyecto secesionista. Y tendrían toda la razón, porque para eso la hicieron los canadienses.

Conviene recordar que al amparo de la 'ley de claridad' (al contrario de lo que algunas veces se afirma) no se ha celebrado ningún referéndum sino que la ley fue la respuesta a la celebración de dos, uno en 1980 y otro en 1995, ambos convocados unilateralmente por la provincia francófona, aunque sin oposición explícita del Gobierno central. El primero no fue un referéndum de autodeterminación propiamente dicho, ya que lo que se preguntaba era si se autorizaba o no al Gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía. El 'no' venció de forma clara con el 60% de los votos. En el segundo, en el que el 'no' ganó por un ajustado 50,6%, sí se preguntaba por el deseo de un Quebec soberano, pero la ambigüedad de la pregunta formulada recibió muchas críticas. Fue esa ambigüedad, y el caos jurídico que habría supuesto una victoria del 'sí' lo que hizo reaccionar a las autoridades canadienses y, previa consulta a la Corte Suprema (la cual rechazó que existiera cualquier derecho a una separación unilateral), el Parlamento promulgó esa 'ley de claridad' tan extrañamente admirada por estos lares.

Sus puntos principales serían los siguientes: en primer lugar una pregunta clara cuya redacción no ponga en duda lo que se está votando. Y quien tiene el poder para decidir si esa pregunta es clara o no (primer veto estatal) es la Cámara de los Comunes de Canadá, es decir, el Parlamento del conjunto de la nación. El mismo que tiene la potestad de determinar si una supuesta mayoría afirmativa ha sido clara (segundo veto). Es decir, se da por hecho que es necesaria una mayoría reforzada (nada del 51%) y, lo que es más, quien decide el número mágico no son las autoridades de Quebec sino que es el Parlamento de Canadá el órgano soberano que dicta si hay o no voluntad (clara) de secesión. Además, la propia Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la 'ley de claridad' (tercer veto). Por otro lado, la independencia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Es decir, aunque una mayoría del 100% de los votantes apoyara la independencia esta no se produciría automáticamente sino que Canadá tendría que 'otorgarla', lo que implica que en ningún momento ha habido cesión de soberanía. La Corte Suprema lo aclaró poco después: al amparo de las leyes canadienses el voto ciudadano en un referéndum de autodeterminación no tendría ningún efecto jurídico, puesto que la secesión sólo sería constitucionalmente válida después de una negociación entre el Gobierno federal y el provincial.

Por tanto, un sí inequívoco a una pregunta clara sobre la secesión no obligaría a Canadá a permitir la separación de una de sus provincias sino que solo le obligaría a negociar de buena fe (lo que quiera que eso signifique) los términos de esa posible secesión. Una negociación en la que podría poner una condiciones imposibles que hicieran inviable la independencia, por mucho apoyo mayoritario que tuviera (cuarto veto). Finalmente, como se prevé la divisibilidad de Canadá también se hace con el territorio de Quebec. Es decir, determinadas poblaciones concentradas territorialmente en esa provincia tendrían el derecho a quedarse en Canadá.

Así que imaginemos la traslación de la 'ley de claridad' a España. Una ley que diría que en el caso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o Euskadi habría partes de estos territorios que podrían decidir permanecer en España (como Tarragona, el Valle de Arán, el gran Bilbao o Álava). Además, el Congreso de los Diputados podría vetar la pregunta por no ser clara, decidir unilateralmente la mayoría necesaria para legitimar una postura favorable a la secesión y anular todo el proceso por detectar anomalías. Y que, en caso de respuesta clara a mayoría clara en un proceso perfectamente legal, el Gobierno solo estaría obligado a negociar y por tanto a poner unas condiciones tan draconianas que harían que ni los más entusiastas quisieran la independencia. O sea que el poder central (España) tendría la soberanía y lo decidiría todo. Más o menos como estamos ahora. ¿Sería realmente un chollo?

Si se quedan Bilbao, Irun (previo rescate de refugiados) y Lasarte fuera, firmo.

Y media Navarra, supongo.

No hombre, no, que hay que tener despensa.

henchman escribió:Rakitic volviendo del aeropuerto a casa a pata





Seguro que está buscado PRUSES en google.

wakam escribió:

Infernu escribió:

wakam escribió:

Infernu escribió:

wakam escribió:Sé que he elegido el peor día para hablar de cosas que no sean sentencias, años de cárcel, resistencia pacífica, ostias como panes o similares, pero me gustaría saber si es cierto que la ley de claridad canadiense es tal y como la pinta el articulista.

wakam escribió:Pongo aquí este artículo de opinión del Diario Vasco, en referencia al nacionalismo vasco pero que creo que se puede aplicar también al catalufo. Mi pregunta es, qué hay de cierto en cómo nos pinta la ley de claridad canadiense?

QUEBEC Y EL NACIONALISMO VASCO
Sorprende esa querencia por la 'ley de claridad' canadiense. Si España promulgase una similar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum

RAFAEL LEONISIO
Politólogo
Sábado, 12 octubre 2019, 07:48

Quebec es un territorio al que el nacionalismo vasco lleva mucho tiempo mirando con gran admiración. La denominada 'ley de claridad' canadiense recibe constantes elogios de los partidarios del «derecho a decidir» y muchas veces se pone a Canadá como ejemplo de país democrático que respeta ese derecho, además de como modelo hacia el que España debería mirar. Por ejemplo, hace un par de años el lehendakari Urkullu visitó Quebec, donde puso en valor su «modelo de consulta legal y pactada», y en septiembre del año pasado recordó que era el «modelo de referencia» para impulsar una «Directiva de Claridad» para el conjunto de la UE.

Sorprende bastante esa querencia del nacionalismo vasco por el modelo canadiense de autogobierno. Y es que si España promulgase una ley idéntica a la de aquel país los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la ley sería una trampa para hacer prácticamente inviable un proyecto secesionista. Y tendrían toda la razón, porque para eso la hicieron los canadienses.

Conviene recordar que al amparo de la 'ley de claridad' (al contrario de lo que algunas veces se afirma) no se ha celebrado ningún referéndum sino que la ley fue la respuesta a la celebración de dos, uno en 1980 y otro en 1995, ambos convocados unilateralmente por la provincia francófona, aunque sin oposición explícita del Gobierno central. El primero no fue un referéndum de autodeterminación propiamente dicho, ya que lo que se preguntaba era si se autorizaba o no al Gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía. El 'no' venció de forma clara con el 60% de los votos. En el segundo, en el que el 'no' ganó por un ajustado 50,6%, sí se preguntaba por el deseo de un Quebec soberano, pero la ambigüedad de la pregunta formulada recibió muchas críticas. Fue esa ambigüedad, y el caos jurídico que habría supuesto una victoria del 'sí' lo que hizo reaccionar a las autoridades canadienses y, previa consulta a la Corte Suprema (la cual rechazó que existiera cualquier derecho a una separación unilateral), el Parlamento promulgó esa 'ley de claridad' tan extrañamente admirada por estos lares.

Sus puntos principales serían los siguientes: en primer lugar una pregunta clara cuya redacción no ponga en duda lo que se está votando. Y quien tiene el poder para decidir si esa pregunta es clara o no (primer veto estatal) es la Cámara de los Comunes de Canadá, es decir, el Parlamento del conjunto de la nación. El mismo que tiene la potestad de determinar si una supuesta mayoría afirmativa ha sido clara (segundo veto). Es decir, se da por hecho que es necesaria una mayoría reforzada (nada del 51%) y, lo que es más, quien decide el número mágico no son las autoridades de Quebec sino que es el Parlamento de Canadá el órgano soberano que dicta si hay o no voluntad (clara) de secesión. Además, la propia Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la 'ley de claridad' (tercer veto). Por otro lado, la independencia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Es decir, aunque una mayoría del 100% de los votantes apoyara la independencia esta no se produciría automáticamente sino que Canadá tendría que 'otorgarla', lo que implica que en ningún momento ha habido cesión de soberanía. La Corte Suprema lo aclaró poco después: al amparo de las leyes canadienses el voto ciudadano en un referéndum de autodeterminación no tendría ningún efecto jurídico, puesto que la secesión sólo sería constitucionalmente válida después de una negociación entre el Gobierno federal y el provincial.

Por tanto, un sí inequívoco a una pregunta clara sobre la secesión no obligaría a Canadá a permitir la separación de una de sus provincias sino que solo le obligaría a negociar de buena fe (lo que quiera que eso signifique) los términos de esa posible secesión. Una negociación en la que podría poner una condiciones imposibles que hicieran inviable la independencia, por mucho apoyo mayoritario que tuviera (cuarto veto). Finalmente, como se prevé la divisibilidad de Canadá también se hace con el territorio de Quebec. Es decir, determinadas poblaciones concentradas territorialmente en esa provincia tendrían el derecho a quedarse en Canadá.

Así que imaginemos la traslación de la 'ley de claridad' a España. Una ley que diría que en el caso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o Euskadi habría partes de estos territorios que podrían decidir permanecer en España (como Tarragona, el Valle de Arán, el gran Bilbao o Álava). Además, el Congreso de los Diputados podría vetar la pregunta por no ser clara, decidir unilateralmente la mayoría necesaria para legitimar una postura favorable a la secesión y anular todo el proceso por detectar anomalías. Y que, en caso de respuesta clara a mayoría clara en un proceso perfectamente legal, el Gobierno solo estaría obligado a negociar y por tanto a poner unas condiciones tan draconianas que harían que ni los más entusiastas quisieran la independencia. O sea que el poder central (España) tendría la soberanía y lo decidiría todo. Más o menos como estamos ahora. ¿Sería realmente un chollo?

Si se quedan Bilbao, Irun (previo rescate de refugiados) y Lasarte fuera, firmo.

Y media Navarra, supongo.

No hombre, no, que hay que tener despensa.

De todas formas no he traido el tema para jugar al Risk o al Monopoly con el territorio.
Quería saber si alguien tenía alguna idea del tema. De momento arbustos rodando por el desierto.

Infernu escribió:
Es la trampa de siempre, coger literalmente la ley de otro país cuando el adversario lo usa como inspiración y ejemplo.

Poisonblade escribió:https://es.scribd.com/document/430164250/Sentencia-del-Tribunal-Supremo-sobre-el-juicio-del-proces#from_embed

No se si la habéis puesto aquí, tampoco se si estoy haciendo algo ilegal.

katz escribió:Solo tres condenados del 23-F tuvieron penas mayores que Junqueras, de media, las penas de prisión del golpe fueron de 6 años, mientras que las del 'procés' ascienden a 8,3 por sentenciado.

https://www.eldiario.es/politica/comparadas-Proces-anos-Tejero-Junqueras_0_952604998.html

ánimo txabal@s

Jurek escribió:

katz escribió:Solo tres condenados del 23-F tuvieron penas mayores que Junqueras, de media, las penas de prisión del golpe fueron de 6 años, mientras que las del 'procés' ascienden a 8,3 por sentenciado.

https://www.eldiario.es/politica/comparadas-Proces-anos-Tejero-Junqueras_0_952604998.html

ánimo txabal@s

Es que, a pesar de los pesares, aquellos revoltosos del 81 eran españoles de bien, igual que esos otros que a pesar de haber sido condenados por torturas el estado los condecoró.

BlueStarRider escribió:https://www.vozpopuli.com/politica/turull-avalo-condena-Marchena-encubierto_0_1290771146.html

Cuando Turull avaló la condena de Marchena contra el 15-M: "Es un golpe de Estado encubierto"

El procesado por rebelión fue un testigo clave en el juicio contra ocho 'indignados' para que el juez que preside la Sala Segunda del Supremo les aplicara penas de cárcel

Y no os perdáis a Quim Torrá diciendo "Esta panda de memos de los indignados nos lleva directamente al quinto mundo"  
https://www.elcritic.cat/reportatges/que-pensa-quim-torra-els-18-articles-mes-polemics-del-nou-president-10611


Ahora todos como borregos a acatar las órdenes de estos burgueses.

BlueStarRider escribió:https://www.vozpopuli.com/politica/turull-avalo-condena-Marchena-encubierto_0_1290771146.html

Cuando Turull avaló la condena de Marchena contra el 15-M: "Es un golpe de Estado encubierto"

El procesado por rebelión fue un testigo clave en el juicio contra ocho 'indignados' para que el juez que preside la Sala Segunda del Supremo les aplicara penas de cárcel

Y no os perdáis a Quim Torrá diciendo "Esta panda de memos de los indignados nos lleva directamente al quinto mundo"  
https://www.elcritic.cat/reportatges/que-pensa-quim-torra-els-18-articles-mes-polemics-del-nou-president-10611


Ahora todos como borregos a acatar las órdenes de estos burgueses.

Damià escribió:Nadie huele mal su propia mierda.